Ecuador anuncia salida del Alba y critica crisis venezolana

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Ecuador anunció este jueves su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela, un país del que progresivamente se ha ido distanciando desde que Lenín Moreno llegó a la Presidencia.

“Ecuador no continuará su participación dentro de la ALBA”, anunció hoy el ministro de Exteriores, José Valencia, en una comparecencia en la que explicó que con ello su país quiere “reforzar” la búsqueda de una solución al problema político en ese país y al masivo éxodo de venezolanos.

La decisión fue anunciada en un encuentro de varios ministros ecuatorianos con medios de comunicación en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia, donde se abordaba el problema del masivo flujo de venezolanos que han llegado al país desde comienzos de año.

Valencia destacó que se trata de un problema que no puede “ser encarado por un país individualmente”, sino que exige “una respuesta de todas las naciones de la región”, y que la salida de Ecuador de la ALBA lo que trata precisamente es de impulsar esa solución.

“La salida de ciudadanos venezolanos de su país es consecuencia de la crisis económica y política de Venezuela. Las repercusiones son regionales, sin embargo, Ecuador será siempre solidario”, advirtió el jefe de la diplomacia ecuatoriana.

Pero calificó de “inhumana” la actuación del Gobierno de Venezuela por permitir que millones de personas salgan del país como fruto de una crisis política, económica y social, y expuso la notoria frustración de su país “por la falta de voluntad política, en primer lugar, del Gobierno de Venezuela para abrir las puertas a una solución democrática”.

Una crítica hacia Venezuela que ha ido subiendo de tono en los últimos meses, particularmente desde que en junio dejara la cancillería la ministra María Fernanda Espinosa, del ala más izquierdista del Ejecutivo.

Bajo el nuevo canciller, el Gobierno de Moreno parece tomar nuevos rumbos en política exterior, lejos de los de su predecesor, Rafael Correa.

Aún así, Valencia explicó que Ecuador mantiene “una posición de principios” y que esta no se alinea con los de “ningún grupo en particular en la propuesta de que el problema de los venezolanos sea resuelto entre ellos, en el marco democrático”.

También aseguró que la salida de Ecuador de la ALBA no significa la intención de incorporarse a ninguna otra organización de integración regional.

La ALBA nació en 2004 como un mecanismo para la cooperación de los países de América Latina y el Caribe basado en la solidaridad y en la complementariedad de las economías nacionales, en una alternativa al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) impulsada en su momento por Estados Unidos.

El ministro indicó en ese sentido que con la decisión de abandonar el bloque lo que se busca es “ratificar la independencia” de su país en “su accionar general en la política regional, un accionar marcado en principios”.

Según datos difundidos por la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2,3 millones de venezolanos están viviendo fuera de su país, de los que más de 1,6 millones lo han abandonado desde el año 2015.

“El 90 % se ha dirigido a países suramericanos”, según una nota de prensa.

El jefe de la diplomacia ecuatoriana dijo que se trata del “mayor éxodo de personas en la historia reciente de América Latina” y recordó la iniciativa de su país de convocar a una reunión técnica regional los días 17 y 18 de septiembre en Quito.

Ello dentro de la creencia, según el ministro, de que “solo una estabilidad democrática (en Venezuela) producirá estabilidad económica que evite la continuación del éxodo de sus ciudadanos”.

Y aclaró, al explicar la posición de su país, que Ecuador debe dar una respuesta humanitaria y cabal a una situación que es “emergente e inédita”.

En cuanto a la medida de solicitar pasaporte a ciudadanos venezolanos desde el pasado 18 de agosto, acotó que tras una reunión con el viceministro de Exteriores venezolano para América Latina y el Caribe, Alexander Yánez, consideraron necesario la provisión de documentos de viaje.

Valencia destacó que la acción de pedir el pasaporte fue comunicada de antemano a Acnur y a la ONU, con el fin de que se pueda verificar la identidad de las personas.

En la misma comparecencia, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, explicó que “se ha reforzado el control migratorio” en los pasos de “Rumichaca, Huaquillas y Mascarilla”.

“Hay 200 policías más en Rumichaca y apoyo policial a los buses que se movilizan con migrantes y siete puntos policiales a lo largo del corredor humanitario”, destacó.

Las reservas previas a la sal devuelven a los gigantes energéticos a Brasil a pesar de los persistentes riesgos

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El 27 de octubre de 2017, se lanzaron nuevas rondas de subasta para los ocho bloques de presal en Brasil. A medida que el gobierno brasileño aprobó un nuevo marco regulatorio para el proceso de licitación para permitir más inversores, 14 compañías extranjeras y dos entidades brasileñas fueron calificadas para participar en la subasta.

Como resultado de la subasta, la Agencia Nacional de Petróleo, Biocombustibles y Gas Natural (ANP) adjudicó seis bloques costa afuera a Shell, la estatal brasileña Petroleo Brasileiro (Petrobras) y Statoil. Esto generó BRL 6.15 mil millones (aproximadamente USD 1.9 mil millones) en bonos de firma y BRL 760 millones (aproximadamente USD 234.8 millones) en inversiones. La ANP también anunció que se planean dos rondas de subasta más para campos de capas de presal en 2018 y en 2019. ExxonMobil (EE. UU.) Tomó ocho bloques de reservas de presal en la reciente subasta en abril de 2018, mientras que Petrobras tomó seis bloques.

Además, los nuevos cambios regulatorios y económicos en el sector brasileño de petróleo y gas han traído más transparencia sobre las futuras inversiones en las reservas pre-sal, incentivando a inversionistas extranjeros como ExxonMobil (EE. UU.) Y Statoil (Noruega) a invertir nuevamente en proyectos energéticos brasileños . El marco regulatorio mejorado puso fin a la participación obligatoria de Petrobras como “el único operador en el pre-sal”, creando nuevas oportunidades para otros inversores.

Un futuro brillante, pero abundan los riesgos

El futuro del sector brasileño de petróleo y gas, y luego de la economía brasileña, es positivo. En 2017, el sector del petróleo y el gas natural representó el 11 por ciento del PIB de Brasil, y sigue creciendo. Con una economía recuperada, el gobierno brasileño afirmó que Brasil se había convertido en el mayor productor de petróleo de América Latina, y que las reservas del presal han sido consideradas como “una de las reservas de petróleo más prometedoras del mundo”. El gobierno brasileño espera así la subasta para generar inversiones de alrededor de USD 36 mil millones para los próximos 10 años, y crearía alrededor de 500,000 empleos directos e indirectos. Este desarrollo en el sector de petróleo y gas proporciona una perspectiva optimista para la economía de muchos estados brasileños que dependen de la producción de petróleo, ya que “la exploración de las áreas [del presal] debería generar BRL 400 mil millones en regalías e impuestos en los próximos 30 años . “Este desarrollo podría invitar a un mayor desarrollo económico y social en los estados brasileños que han sufrido la reciente economía calamitosa.

Como la corrupción, el fraude y el soborno siguen siendo problemas persistentes en Brasil, los inversores buscarán en la administración del presidente brasileño Michel Temer reforzar las nuevas leyes reguladoras y económicas para mitigar estos riesgos en la industria del petróleo y el gas y en Brasil en general. De hecho, Reuters indicó el 17 de abril de 2018 que el presidente Temer lanzó una serie de cambios de política para “tentar a los inversionistas a regresar a la economía latinoamericana número uno”. El presidente intentó cortar las restricciones a la producción de petróleo y gas eliminando los derechos exclusivos de Petrobras en el funcionamiento de yacimientos de petróleo del presal.

Sin embargo, a pesar de los desarrollos positivos en el sector del petróleo y el gas, existen riesgos políticos persistentes que los inversores deben desconfiar. Estos riesgos incluyen inseguridad judicial, corrupción de alto nivel, daño a la reputación, expropiación y nacionalización con la participación de Petrobras e incertidumbre contractual. Por ejemplo, un artículo del Financial Times del 27 de octubre de 2017 informó que un juez federal emitió un requerimiento judicial para bloquear la subasta de octubre de 2017, un movimiento político buscado por el izquierdista Partido de los Trabajadores. Si bien la subasta se suspendió brevemente, la orden judicial fue anulada. Sin embargo, esta obra reciente proporciona una historia de advertencia para los inversores, ya que la inseguridad judicial y política puede socavar el progreso de las subastas y las inversiones de las reservas del pre-sal. Junto con estos problemas, las próximas elecciones presidenciales podrían revertir las políticas de Temer y el nuevo marco regulatorio.